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 Stuttgart, 10 de diciembre de 2017

México: Nueva ley debe servir para legitimar la intervención de las Fuerzas Armadas en el interior. Preocupacion a nivel nacional e internacional referente a contenido, constitucionalidad y DDHH

A medio año de las elecciones presidenciales en julio del 2018, el Gobierno proyecta legitimar y extender la intervención de las Fuerzas Armadas en el interior por la vía legislativa. Tal normativa legal es contraria tanto a lo estipulado en la Constitución (art. 21), como a las recomendaciones de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Al mismo tiempo, en el 2017, aumentaron las amenazas, persecuciones e intimidaciones que sufrieron defensores y defensoras de derechos humanos y subió el número de asesinatos de periodistas.

El 30 de noviembre, la mayoría de la Cámara de Diputados del Congreso mexicano aprobó el proyecto para una nueva ley de seguridad interior. Este fue remitido al Senado para su seguimiento acelerado. Con esta ley, se pretende legitimar jurídicamente la intervención de las Fuerzas Armadas en el interior del país.

Esto va en contra de las recomendaciones de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: el diseño de una estrategia de salida gradual de las Fuerzas Armadas y de retirarlas de funciones de seguridad en el interior del país. Se debería, más bien, formar fuerzas de seguridad civiles para combatir el crimen organizado, así como implementar procedimientos penales eficientes.

La intervención de la Marina y el Ejército, ya en la actualidad, está empeorando la situación de los derechos humanos en 26 Estados. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos documentaron, que las violaciones de derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas quedaron impunes en gran parte.

Según un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, desde el 2006, las Fuerzas Armadas intervinieron en siete Estados que tenían un alto índice de asesinatos: en seis de estos Estados detonó una posterior ola de violencia. En diez años desde su intervención no han habido ni una evaluación oficial de los operativos militares y de sus resultados, ni un analisis detallado de las unidades policiales del país. En aquellos Estados, donde en los últimos años se nombraron Ministros de seguridad pública a miembros de las Fuerzas Armadas, están situados los 50 distritos más violentos. En un tercio, aproximadamente, de los 32 Estados, los responsables por la seguridad interior son miembros de las Fuerzas Armadas. Entretanto, cinco de éstos se consideran los Estados más inseguros de México.

Bajo estas condiciones, no se puede alcanzar el objetivo de favorecer la solución militar, dejando de lado que hay que bajar drásticamente el índice de impunidad de más del 95%. 

Con la aprobación de una ley de tal corte, existe el peligro que aumenten aún más las violaciones de derechos humanos y persista la amenaza para defensores y defensoras de los derechos humanos.

En su informe del 5 de septiembre de 2017, la red mexicana de derechos humanos „Todos los derechos para todas y todos“ constata, que defensores y defensoras de derechos humanos son los que sufren de manera especial amenazas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. En un importante número de casos, los perpetradores han sido de origen estatal. En el año 2016, la organización “Reporteros Sin Fronteras” calificó a México como el país más peligroso para profesionales de los medios informativos fuera de zonas de guerra. En México, tan solo en el año en curso, fueron asesinados 11 periodistas. En los casos de los periodistas asesinados, según el informe preliminar del 4 de diciembre del presente, redactado por los Relatores Especiales sobre la libertad de opinión y de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad llega a casi 100 %.

Para poder contrarrestar los ataques de forma efectiva, hay que garantizar las investigaciones judiciales, fortalecer mecanismos existentes de protección, así como diseñar y aplicar medidas preventivas de protección a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas.  

A fin de contrarrestar la impunidad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos propuso entre otras, instalar un consejo asesor para que investigue las causas de la impunidad y elabore estratégias para contrarrestarla de manera efectiva.

En la realidad, sin embargo, “ataques contra personas y colectivos defensores de los derechos humanos constituyen una práctica generalizada en el país” dice Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la mencionada red mexicana de derechos humanos, y sigue: “Esto refleja la falta de voluntad del Estado para proteger a las personas defensoras.“

Entre el 4 y el 15 de diciembre, Ríos Martínez se encuentra en Europa para presentar el informe de la red. En Berlín, Bruselas y Ginebra, Ríos Martínez conversará con representantes del gobierno alemán, de la UE y de la ONU y abogará por que la comunidad internacional apoye estas reivindicaciones.

pdf Comunicado de Prensa (211 KB)

 

 

 

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