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El caso Alvarado es el primero en que la Corte Interamericana se pronunciará

sobre la Ley de Seguridad Interior de México

 

San José, Ciudad de México, Washington D.C., Ginebra, Stuttgart, 25 de abril del 2018

 El próximo jueves 26 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá la historia de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, quienes desaparecieron en 2009. Después de un proceso internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que fueron víctimas de desaparición forzada a manos de militares. Esto, en el contexto de la conocida “guerra contra las drogas”, que  inició en 2006 y aún permanece vigente como estrategia —infructuosa— de control y combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada.

De acuerdo con el registro oficial de gobierno de México al día de hoy existen al menos 35 mil 400 personas desaparecidas en el país. Muchos de estos casos son potenciales desapariciones forzadas. Pese a que el fenómeno empezó a escalar hace más de una década, el Estado mexicano ha fracasado en investigar las razones de estas desapariciones y en dar con el paradero de las víctimas. La impunidad reinante exige la búsqueda de las personas desaparecidas hasta encontrarles y que se haga justicia.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), una de las organizaciones mexicanas que representan el caso ante la Corte IDH, ha ampliado sus argumentos para cuestionar la Ley de Seguridad Interior (LSI). Ello quiere decir que el caso Alvarado será el primero en que la Corte Interamericana tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre la LSI; ley que allana el camino para que la militarización de la seguridad pública deje se ser una medida extraordinaria y se convierta en un arreglo institucional permanente. Ello —como ha sido reiterado una y otra vez—no sólo contraviene las recomendaciones de personas expertas, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, sino que se ha probado como una solución ineficaz para el creciente fenómeno de violencia e inseguridad que atraviesa el país.

Como Observatorio Internacional, hemos advertido en ocasiones anteriores que esta nueva normativa perpetuará la crisis y abonará a que persista la impunidad en los casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas la cual, como señala  un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos es casi absoluta (Ver informe acá).

De acuerdo a las declaraciones del colectivo #SeguridadSinGuerra esta normativa adolece de la “adecuada tutela a los derechos a la vida y la integridad personales” y presenta “riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta” (ver comunicado acá).

Autoridades en el tema, como la CIDH, “ha resaltado que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”.

Durante este periodo de sesiones, que se realizarán en Costa Rica, la Corte Interamericana tendrá la oportunidad histórica de escuchar de primera mano las consecuencias de esta política estatal violenta, y, sobre todo, ineficaz. Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento vemos en esta audiencia la posibilidad certera de que México responda, adecúe su normativa y construya un modelo de seguridad democrático que respete los derechos humanos de todos y todas.

Suscriben este pronunciamiento

Amnistía Internacional

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México

Latin America Working Group (LAWG)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Open Society Justice Initiative (OSJI)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Robert F. Kennedy Human Rights

Sobre el observatorio:

El Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México fue establecido en diciembre de 2017 por 10 grupos internacionales de derechos humanos y justicia para monitorear la situación de los derechos humanos en el país y apoyar a las organizaciones nacionales de la sociedad civil frente a las crecientes amenazas.

Los miembros fundadores del Observatorio incluyen a Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin America Working Group (LAWG), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI),  la Organización Mundial contra la Tortura (OMTC), Peace Brigades International (PBI)  y Robert F. Kennedy Human Rights.

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