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Comunicado de prensa con motivo de la actual visita del presidente de México Enrique Peña Nieto
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Stuttgart/ Berlin, 20 de Abril 2018
Visita del Estado mexicano
Inseguridad jurídica e impunidad en un Estado miembro del G20
Con motivo de la actual visita del presidente de México Enrique Peña Nieto a la Feria Industrial de Hannover en Alemania, la Coordinación Alemana por los derechos humanos en México resalta la catastrófica situación de los derechos humanos en el país.
México se caracteriza por el aumento de la inseguridad jurídica e impunidad. Carola Hausotter, coordinadora de la red, constata que en el país socio „la violencia estructural se expresa en la colaboración letal de las fuerzas policiales estatales, el ejército y el crimen organizado”. Esto fue ilustrado claramente en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 y cuyo caso aún no ha sido resuelto. “El gobierno del presidente Peña Nieto es corresponsable de esto. A través de la sistemática obstaculización de las labores de investigación en el caso Ayotzinapa se ha creado cada vez más la impresión de que el Estado mexicano no es un socio honesto y confiable en la lucha por los derechos humanos“, observa Hausotter.
„También las empresas alemanas necesitan seguridad jurídica en los países socios. Además, el gobierno alemán se ha comprometido a nivel internacional al respeto de los derechos humanos y a la protección de las personas defensoras de derechos humanos. La Feria de Hannover, que será inaugurada el 22 de Abril por el presidente Peña Nieto y la canciller Merkel, debe ser una oportunidad para que el gobierno alemán cuestione críticamente cómo pretende el presidente Peña Nieto luchar contra la impunidad y mejorar el respeto a los derechos humanos en su país”, indica Carola Hausotter. „Se necesita un planteamiento decisivo y consecuente, centrado en atender la situación que vive la población mexicana. Alemania y la Unión Europea deben aprovechar esta oportunidad para exigir reformas del estado de derecho en el país con resultados mensurables“, señala Carola Hausotter.
La Coordinación Alemana también solicita al gobierno alemán que refuerce su experiencia en investigaciones penales y forenses y la cooperación con familiars, en el marco de su proyecto sobre el Estado de Derecho en México. „Esto también incluye la construcción de un poder judicial independiente que en México de facto no existe. Hasta ahora funciona más bien siguiendo las indicaciones de los líderes políticos y no de acuerdo al principio democrático de la separación de poderes“, observa Hausotter. Para ello debe buscarse aunar esfuerzos con la sociedad civil mexicana, que ya ha elaborado conceptos para la creación de una fiscalía independiente.
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Para conversaciones sobre el trasfondo de esta temática está a su disposición:
Carola Hausotter, coordinadora de la red „Coordinación Alemana por los Derechos humanos en México“
Tel: +49 (0)711 57 64 68 79 / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Nueva ficha temática sobre Desaparición Forzada en México
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo audiencia sobre implicaciones de la nueva Ley de Seguridad Interior de México
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Washington DC / Nueva York / Stuttgart/ Ginebra, 20 de marzo de 2018 – El Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México mantiene su preocupación por la nueva Ley de Seguridad Interior y por la negativa del gobierno mexicano de aceptar las implicaciones de esta ley. El Observatorio Internacional urge a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a utilizar todos los mecanismos a su disposición para prevenir la militarización de la seguridad pública en México. En particular, el Observatorio insta a la CIDH a poner a disposición de la Suprema Corte de México su experticia durante la revisión de la ley propuesta, así como a solicitar la Opinión Consultiva de la Corte interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia.
Promulgada el 21 de diciembre de 2017, la Ley de Seguridad Interior concede facultades amplias y excepcionales al Ejército mexicano para participar en tareas de seguridad pública, incluidos poderes de investigación penal, pero no incluye medidas específicas para la rendición de cuentas o la supervisión civil de las operaciones militares.
Los miembros del Observatorio Internacional, que incluye a 10 grupos internacionales de derechos humanos y justicia, han prevenido que esta ley refuerza el actual clima de impunidad en México debido a las repetidas fallas de las fuerzas militares mexicanas de hacer responsable y exigir cuentas a su personal por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo casos de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
De hecho, la semana pasada el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU concluyó que, en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el 2014, “cuenta con fuertes elementos de convicción” que algunas de las personas aprehendidas y acusadas en el caso fueron detenidas arbitrariamente y torturadas por oficiales federales. También destacó “un modus operandi prácticamente uniforme” de detener y torturar arbitrariamente a personas para extraer información o confesiones, así como de demoras significativas para llevarlas ante un fiscal.
El pasado 2 de marzo, la CIDH sostuvo una audiencia sobre esta Ley durante su sesión en Bogotá, Colombia, y recibió testimonios de defensores de derechos humanos mexicanos y respuestas de los representantes del gobierno. Antes de la promulgación de la Ley, la CIDH había expresado su preocupación por los riesgos que ésta plantea para los derechos humanos y advirtió que la Ley incluye disposiciones que son contrarias a las normas internacionales de derechos humanos. De hecho, la CIDH instó a México a “desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles”, al tiempo que debe fortalecer la capacidad de la policía para llevar a cabo tareas de seguridad.
Estas inquietudes fueron reiteradas por varios miembros de la CIDH durante la audiencia. Ellos expresaron su preocupación de que las fuerzas armadas no solo carecen de la capacitación adecuada para lidiar con la seguridad ciudadana, sino que la Ley también pone en riesgo otros derechos fundamentales, incluido el derecho a protestar y el derecho de acceder a la información.
Los miembros del Observatorio Internacional acogieron el continuo interés de la CIDH sobre este tema, pero se mostraron decepcionados por la respuesta del Estado Mexicano durante la audiencia, que incluyó:
1. El argumento de que la Ley estaba justificada porque los organismos policiales se habían visto comprometidos por vínculos con bandas criminales en varios casos. Esta afirmación ignora otros factores, incluyendo el hecho de que el despliegue de las fuerzas armadas ha incrementado la violencia en zonas del país y que los soldados e infantes de la Marina con frecuencia cometen violaciones de derechos humanos con total impunidad, o el hecho de que las fuerzas armadas están lejos de ser inmunes de ser influenciadas por el crimen organizado.
2. Citar ejemplos de tropas desplegadas en operaciones antiterroristas en varios países europeos. Este argumento nuevamente ignora el terrible historial de participación de las fuerzas armadas en el abuso de derechos humanos y, el fracaso del Gobierno en responsabilizar a los culpables.
El 13 de marzo, la CIDH expresó su "profunda preocupación" por el decreto presidencial que autoriza una intervención federal en asuntos de orden público en el estado de Río de Janeiro, Brasil, ya que concede amplios poderes a las fuerzas armadas para restablecer el orden y coloca a las fuerzas policiales bajo el mando de un general del Ejército. Las similitudes con el caso mexicano son evidentes y esperamos una reacción igual de fuerte.
El Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México fue establecido en diciembre de 2017 por 10 grupos internacionales de derechos humanos y justicia para monitorear la situación de los derechos humanos en el país y apoyar a las organizaciones nacionales de la sociedad civil frente a las crecientes amenazas.
Los miembros fundadores del Observatorio incluyen a Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group (LAWG), la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), la Organización Mundial contra la Tortura (OMTC), Peace Brigades International (PBI) y Robert F. Kennedy Human Rights.
Comunicado de prensa
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Stuttgart, Acapulco (Guerrero, México) 3 de marzo de 2018
Coordinación Alemana condena la criminalización de defensores del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota así como las amenazas y difamaciones a los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, red de 15 organizaciones e instituciones alemanas que velan por los derechos humanos en México, visitó este sábado 3 de marzo junto con el equipo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan el Centro de Reinserción Social de “las Cruces” en Acapulco, Guerrero. En su visita se reunieron con los 25 detenidos de los hechos del 7 de enero del 2018, destacando entre sus miembros el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) Marco Antonio Suástegui Muñoz y su hermano Vicente.
La Coordinación Alemana escuchó los testimonios de las restricciones que enfrentan dentro del Centro de Reinserción Social, como su derecho a la salud pues muchos de ellos relataron que no reciben atención médica y que no existe abasto de la medicación necesaria para atenderse. Además permanecen encerrados hacinados y sólo les permiten salir alrededor de 15 minutos al día, sin tener acceso a actividades recreativas, deportivas y laborales que son derechos a los que toda persona en situación de reclusión se le debe de garantizar y con el que el resto de la población cuenta. Las familias de los 25 detenidos también resaltaron que presentan obstáculos para visitarlos o comunicarse con ellos pues además de no dejar que ellos puedan marcarles, en los días de visita enfrentan obstáculos que les restan tiempo con sus familiares.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan), representante legal de los detenidos, sostiene la comisión de graves violaciones contra los derechos humanos de integrantes del CECOP y que dichas detenciones se enmarcan en una estrategia de criminalización del proceso comunitario para frenar la oposición al proyecto hidroeléctrico La Parota. Por su vinculación en la defensa legal del caso los abogados del CDHM Tlachinollan han sido blanco de amenazas y difamaciones. Además su legítima labor reconocida internacionalmente y sus espacios de actuación se ven obtaculizados y limitados.
En Guerrero persiste una falta de garantías así como de condiciones adecuadas para que las organizaciones de la sociedad civil puedan ejercer su derecho a defender los derechos humanos.
En este contexto y ante la intensificación de la evidente crisis de derechos humanos en el Estado de Guerrero, la Coordinación Alemana insta a las autoridades mexicanas y guerrerenses a:
– garantizar a los presos, de acuerdo al reglamento del Centro de Reinserción Social de “las Cruces”, el derecho a la salud y atención médica, así como al trabajo para poder realizar actividades remuneradas y poder seguir proveyendo a sus familias;
– agilizar el acceso de los familiares al penal respetando el tiempo destinado durante sus visitas;
– asegurar la investigación efectiva e imparcial de los hechos y de las graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el operativo.
– garantizar una investigación imparcial y efectiva conforme al debido proceso legal de los 25 presos de la CECOP;
– establecer garantías y condiciones para que las organizaciones de derechos humanos puedan realizar su labor en la defensa de derechos humanos en Guerrero.
Por último, la Coordinación Alemana expresa sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas de estos hechos.
Contacto: Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México
Carola Hausotter, E-Mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO
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MÉXICO: Parlamentarios europeos dan la voz de alarma sobre situación de personas defensoras de derechos humanos en Guerrero
Ginebra-París-Stuttgart-Ciudad de México, 17 de enero de 2018 – Nuestras organizaciones saludan la carta de 35 parlamentarios de 12 Estados miembros de la Unión Europea a las autoridades mexicanas, que resalta la grave situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en México, particularmente en el Estado de Guerrero. Esta carta envía una importante señal sobre el nivel de urgencia con el que México debería tomar medidas, resaltaron el Observatorio (OMCT-FIDH), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México y la La Red TDT.
En una carta dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto, al Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso y al Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero Héctor Astudillo Flores[1], los parlamentarios europeos expresaron su preocupación por la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México, llamando la atención sobre los datos del informe de la Red TDT “La esperanza no se agota”. Este informe documenta 106 asesinatos o ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras y 81 desapariciones forzadas, entre otras graves agresiones cometidas durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto contra quienes defienden los derechos humanos en México.
Además, los diputados del Parlamento Europeo llamaron la atención sobre el Estado de Guerrero y, particularmente, sobre la grave situación de riesgo que viven los familiares de personas desaparecidas, las comunidades que han sido desplazadas de manera forzada por la violencia, así como las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que les acompañan.
Los parlamentarios destacaron especialmente la falta de garantías para la labor del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, organizaciones con sede en Guerrero, así como la falta de canales de participación efectiva para que las organizaciones de la sociedad civil puedan contribuir a hacer frente a la grave crisis de derechos humanos que se vive en Guerrero.
La carta, resultado de acciones de incidencia por parte de las organizaciones que suscriben este comunicado, fue promovida con anterioridad a los hechos[2] ocurridos en la comunidad de La Concepción, en el municipio de Acapulco, el día 7 de enero cuando se produjo el asesinato de cinco miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), así como la detención arbitraria de 32 personas defensoras incluyendo los Sres. Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP). Al menos seis personas detenidas han sido víctimas de actos de tortura y/o malos tratos.
En este contexto y ante la intensificación de la evidente crisis para la defensa de derechos humanos en el Estado de Guerrero, el Observatorio, la Coordinación alemana y la Red TDT instan a las autoridades mexicanas y guerrerenses a tomar acciones urgentes en concertación con la sociedad civil para hacer frente a la grave crisis de derechos humanos en Guerrero, incluyendo el establecimiento de garantías para la defensa de derechos humanos. Además, como parte del establecimiento de garantías debería asegurarse la investigación efectiva de las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos en Guerrero incluyendo, entre otros, casos emblemáticos de la situación como los recientes hechos en Acapulco o la desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista[3] hace más de seis años.
Para más información, por favor, contacten con:
- OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui: + 41 22 809 49 39
- FIDH: José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650
- Coordinación Alemana: Sandra Schleimer: +49 - (0)221 25994541
- Red TDT: Quetzalcoatl G. Fontanot: +52 04455 3648 1344
pdf Comunicado conjunto (232 KB) pdf Carta de los parlamentarios europeos (299 KB)
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México es una red integrada por las siguientes organizaciones e instituciones alemanas: Amnistía Internacional (Sección Alemana, A.C.), Carea A.C., Centro Franciscano de Desarollo y Misión, Companer@s de México del Sur A.C., Iniciativa para México de Colonia y Bonn, Initiative Mexiko (INI-MEX), México vía Berlín A.C., Obra Episcopal Misereor, Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia A.C., Pacta Servanda A.C., Pan para el Mundo – Servicio Protestante para el Desarrollo, pax christi / Comisión Solidaridad Un Mundo, Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes, Promovio, A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).
[1] La carta de los parlamentarios europeos está disponible aquí: http://www.omct.org/files/2018/01/24674/carta_meps_ddhh_mexico_guerrero.pdf.
[2] Véase CDHM Tlachinollan, FICHA INFORMATIVA - Violaciones graves a los derechos humanos en La Concepción, Guerrero, disponible aquí: http://www.tlachinollan.org/ficha-informativa-violaciones-graves-los-derechos-humanos-la-concepcion-guerrero/. Véase también Llamado Urgente MEX 001 / 0118 / OBS 003 del Observatorio (OMCT-FIDH) de 9 de enero de 2018, disponible aquí: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/mexico/2018/01/d24656/.
[3] Véase Comunicado Conjunto del Observatorio (OMCT-FIDH) y el CDHM Tlachinollan de 7 de diciembre de 2017, “México: 6 años de desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista, 6 años de inacción de las autoridades mexicanas”, disponible aquí: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/mexico/2017/12/d24633/.
