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Pronunciamiento conjunto
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Próxima sentencia en el caso Valentina Rosendo Cantú, oportunidad única de frenar la impunidad en casos de abusos militares: Observatorio Internacional sobre México
Organizaciones internacionales resaltan la importancia del caso de Valentina Rosendo Cantú en la discusión sobre la militarización de la seguridad pública y la Ley de Seguridad Interior en México.
En los próximos días una Jueza Federal en México emitirá la sentencia en el juicio penal en contra de dos soldados acusados de cometer tortura, violación y abuso de autoridad en contra de Valentina Rosendo Cantú. Valentina Rosendo es una mujer indígena Me’phaa, originaria de la comunidad de Caxitepec, municipio de Acatepec, en la región de la Montaña en el estado de Guerrero. Tenía 17 años cuando fue víctima de tortura sexual por parte de elementos del Ejército en febrero de 2002.
En agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en contra del Estado mexicano en la que señaló que había quedado plenamente probado que Valentina había sido víctima de graves violaciones de derechos humanos - incluyendo tortura sexual - en un contexto marcado por la pobreza, discriminación y lo que la Corte IDH denominó “violencia institucional castrense” [i].
El caso de Valentina Rosendo es paradigmático: se trata del primer caso de tortura sexual cometida por elementos del Ejército, por el cual la Corte IDH ya ha condenado a México, que será juzgado en el fuero civil ordinario y bajo un encuadre de los delitos correctos.
Adicionalmente, este caso sentará un precedente fundamental para otros casos de abusos militares en contra de civiles y pondrá a prueba la capacidad del Estado mexicano de llevar a la práctica las reformas al Código de Justicia Militar (CJM) de 2014, mismas que buscaron asegurar que las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en contra de civiles ya no fuesen investigadas y juzgadas bajo la opacidad de la jurisdicción militar.
Desde el Observatorio, resaltamos la importancia de la sentencia del caso Valentina Rosendo Cantú en el marco del debate en México sobre la militarización de la seguridad pública, el cual se intensificó con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en noviembre de 2017. El caso de Valentina es un recordatorio sobre las consecuencias en la realidad de políticas y legislación—como la LSI—que, por acción u omisión, permiten que los actos de las fuerzas armadas mexicanas no estén sujetos a mecanismos de control y rendición de cuentas civiles.
Inicio del proceso Heckler & Koch, 15 de mayo en Stuttgart
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- Escrito por Sandra Schleimer
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La Coordinación Alemana por los derechos humanos en México participó el día 15 de mayo en la vigilia ante la Corte en Stuttgart. Queremos mostrar la dimensión internacional del proceso contra seis ex-empleados de la empresa “Heckler & Koch”, productora de armas.
Leyendo la carta de las madres y los padres de los 43 estudiantes enfocamos: Hay que aclarar como pudieron llegar las armas alemanas a Guerrero donde fueron usadas contra sus hijos. Las madres y los padres de Ayotzinapa exigen que por fin se encuentre a sus hijos.
Las expectativas hacían el proceso son muy altas: ellos esperan que se puedan fortalecer sus demandas para que el caso Ayotzinapa sea investigado de forma completa.
¡Nosotros apoyamos esta exigencia!
En vista del proceso el gobierno alemán tiene una especial responsabilidad. Demandamos al gobierno alemán que ejerza presión política hacia México para esclarecer los casos de más de 35.000 personas desaparecidas.
Están previstos dos eventos en relación con el proceso en Stuttgart: el día 11 de junio y el día 26 de septiembre.
Foto: Ohne Rüstung Leben
Carta de las madres y los padres de los 43 estudiantes:
A más de 43 meses de los horribles hechos en Iguala Guerrero en dónde la policía mexicana en colusión con el crimen organizado desapareció a 43 de nuestros hijos, ejecutaron a 6 personas – incluyendo tres de nuestros muchachos – e hirieron a 40 personas de gravedad, de ellas 2 estudiantes que hasta el día de hoy se encuentran recuperándose, uno de ellos en coma, todos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, las familias seguimos buscando justicia, el gobierno mexicano sigue sin darnos respuestas, sigue sin investigar a todos los responsables y sin decirnos qué pasó esa noche y dónde están nuestros hijos.
Ya son cerca de cuatro años de esa trágica noche en la que se armó un gran operativo en contra de nuestros hijos, que habían tomado camiones para poder asistir a una manifestación en la Ciudad de México. Ellos no iban armados y recibieron la más grande de las agresiones. Los policías que dispararon contra estudiantes tenían armas traídas de Alemania, armas de la empresa HK que no les tenían que haber llegado, armas que estaba prohibido que llegaran a Guerrero, porque se sabía desde entonces que esa policía es corrupta, pero llegaron y las usaron contra nuestros hijos.
Hoy que se inicia el proceso en contra de la empresa HK que mandó sus armas a México, las familias de Ayotzinapa, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, pero también de los que ejecutaron e hirieron, queremos que se investigue a todos los responsables que permitieron que las armas HK llegaran a Guerrero. Sabemos, por el expediente de nuestro caso que esas armas las usaron los policías de Guerrero, las tenían los policías de Iguala, de Huitzuco y también el ejército, pero no se ha investigado cómo llegaron ahí o porqué las tenían.
Lamentablemente en México no se está investigando al Ejército que es quién compró las armas y el que decide a dónde enviarlas. Acá en México es como que nada pasa y quieren que se olvide todo, “que lo superemos”, por eso le pedimos a todas las personas que nos escuchan que no se oliven de nosotros, que las familias de Ayotzinapa, seguimos buscando verdad y justicia. Le decimos a la Corte de Alemania que investigue por qué llegaron esas armas a México, no tenían que haber llegado, no tenían que haberlas usado en contra de nuestros hijos, violaron la ley, violaron nuestros derechos, tienen que rendir cuentas y que no vuelva a pasar. Demuéstrenle al gobierno de México que la justicia si se puede ofrecer a aquellas personas que no tenemos poder, dinero o entendemos la letra. Demuéstrenle que en Alemania sí saben que la justicia debe servir a las personas más desprotegidas, a diferencia que en México.
Hoy les decimos que no queremos más armas que lleguen a policías tramposos, a policías violadores de derechos humanos, no queremos que para obtener dinero sigan haciendo negocio a costa de la vida de las personas, no queremos que sigan llegando armas que usan para disparar a estudiantes. Nosotros seguiremos buscando a nuestros hijos y exigiendo que se investigue y sancione a todos los responsables, incluyendo a los responsables de la llegada de estas armas a Guerrero. Gracias a quienes nos siguen acompañando en esta lucha.
Madres y padres de Ayotzinapa
Declaración de la Coordinación Alemana por los derechos humanos en México ante el inicio del proceso Heckler & Koch: 15. Mayo 2018 en Stuttgart
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Stuttgart, 11 de mayo 2018
Proceso Heckler & Koch – cómo los fusiles automáticos alemanes G36 coadyudan a graves violaciones de derechos humanos en México
Guerrero, un estado federado del sur de México, es uno de los focos de violencia en México. En la “guerra contra el crimen organizado” declarada por el presidente Calderón en el 2006 este estado, igual que otros muchos, fue fuertemente militarizado. Esto agudizó la ya entonces crítica situación de derechos humanos.
En la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron secuestrados por la policía local, seis personas murieron durante los enfrentamientos y otras 40 fueron heridas de gravedad. Ha sido probado que durante los incidentes las fuerzas armadas utilizaron fusiles automáticos G36 de producción alemana. Sin embargo, y según indica el permiso de exportación otorgado a Heckler & Koch, estas armas no deberían haber llegado a este estado mexicano. Ya en 2011, dos estudiantes en Guerrero murieron a consecuencia de disparos de la policía durante una manifestación. Es muy probable que los policías estaban armados con fusiles automáticos tipo G36.
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que hasta el día de hoy sigue sin aclararse, dio lugar a masivas protestas de la población ante el comportamiento represivo de las fuerzas de seguridad mexicanas.
#43x43 | #Ayotzinapa
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#43x43 | #Ayotzinapa
Acción global con motivo de la desaparición forzada de los 43 estudiantes hace 43 meses
A 43 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero/México el crimen a los normalistas todavía no ha sido aclarado. El destino y el paradero de los 43 estudiantes siguen siendo desconocidos. Hasta la fecha, ninguno de los culpables ha sido condenado. El gobierno mexicano sostiene a la fecha su versión de los hechos, también conocida como “verdad histórica”, a pesar de que muy probablemente fue construida a base de declaraciones obtenidas bajo tortura.
En vista de las próximas elecciones presidenciales a realizarse el primero de julio de 2018 los familiares de los estudiantes temen que se le de cierre al caso Ayotzinapa sin que éste haya sido aclarado en toda su extensión y sin que se descubra la verdad sobre el paradero de los estudiantes.
En solidaridad con los familiares de los estudiantes y con las víctimas de desaparición forzada en México se llevarán a cabo el día de hoy manifestaciones y acciones en todo el mundo. También organizaciones miembros de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México participan en la acción global, entre ellas la Iniciativa México-Colonia/Bonn (en cooperación con ¡Alerta! Düsseldorf) así como Pacta Servanda e.V. y la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia en Múnich.
Juntos exigimos
- que el caso Ayotzinapa sea de nuevo investigado por una procuraduría independiente hasta que sea aclarado en su totalidad y hasta que los verdaderos culpables sean juzgados y las víctimas debidamente indemnizadas,
- que las acusaciones sobre el uso de la tortura sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva y conforme a los estándares internacionales y que los responsables de la tortura y maltrato sean juzgados,
- que el gobierno mexicano se retracte públicamente de la insostenible “verdad histórica”.
Información de trasfondo:
En la noche del 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se encontraban a bordo de autobuses cuando fueron detenidos y atacados a tiros por la policía local en Iguala, una ciudad en el estado de Guerrero. En los ataques murieron 6 personas, 40 fueron heridas de gravedad y 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada.
Pocos meses después ...
Comunicado conjunto del Observatorio Internacional
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El caso Alvarado es el primero en que la Corte Interamericana se pronunciará
sobre la Ley de Seguridad Interior de México
San José, Ciudad de México, Washington D.C., Ginebra, Stuttgart, 25 de abril del 2018
El próximo jueves 26 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá la historia de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, quienes desaparecieron en 2009. Después de un proceso internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que fueron víctimas de desaparición forzada a manos de militares. Esto, en el contexto de la conocida “guerra contra las drogas”, que inició en 2006 y aún permanece vigente como estrategia —infructuosa— de control y combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada.
De acuerdo con el registro oficial de gobierno de México al día de hoy existen al menos 35 mil 400 personas desaparecidas en el país. Muchos de estos casos son potenciales desapariciones forzadas. Pese a que el fenómeno empezó a escalar hace más de una década, el Estado mexicano ha fracasado en investigar las razones de estas desapariciones y en dar con el paradero de las víctimas. La impunidad reinante exige la búsqueda de las personas desaparecidas hasta encontrarles y que se haga justicia.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), una de las organizaciones mexicanas que representan el caso ante la Corte IDH, ha ampliado sus argumentos para cuestionar la Ley de Seguridad Interior (LSI). Ello quiere decir que el caso Alvarado será el primero en que la Corte Interamericana tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre la LSI; ley que allana el camino para que la militarización de la seguridad pública deje se ser una medida extraordinaria y se convierta en un arreglo institucional permanente. Ello —como ha sido reiterado una y otra vez—no sólo contraviene las recomendaciones de personas expertas, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, sino que se ha probado como una solución ineficaz para el creciente fenómeno de violencia e inseguridad que atraviesa el país.
Como Observatorio Internacional, hemos advertido en ocasiones anteriores que esta nueva normativa perpetuará la crisis y abonará a que persista la impunidad en los casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas la cual, como señala un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos es casi absoluta (Ver informe acá).
De acuerdo a las declaraciones del colectivo #SeguridadSinGuerra esta normativa adolece de la “adecuada tutela a los derechos a la vida y la integridad personales” y presenta “riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta” (ver comunicado acá).
Autoridades en el tema, como la CIDH, “ha resaltado que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”.
Durante este periodo de sesiones, que se realizarán en Costa Rica, la Corte Interamericana tendrá la oportunidad histórica de escuchar de primera mano las consecuencias de esta política estatal violenta, y, sobre todo, ineficaz. Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento vemos en esta audiencia la posibilidad certera de que México responda, adecúe su normativa y construya un modelo de seguridad democrático que respete los derechos humanos de todos y todas.
Suscriben este pronunciamiento
Amnistía Internacional
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México
Latin America Working Group (LAWG)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Open Society Justice Initiative (OSJI)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Robert F. Kennedy Human Rights
Sobre el observatorio:
El Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México fue establecido en diciembre de 2017 por 10 grupos internacionales de derechos humanos y justicia para monitorear la situación de los derechos humanos en el país y apoyar a las organizaciones nacionales de la sociedad civil frente a las crecientes amenazas.
Los miembros fundadores del Observatorio incluyen a Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin America Working Group (LAWG), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), la Organización Mundial contra la Tortura (OMTC), Peace Brigades International (PBI) y Robert F. Kennedy Human Rights.
