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Declaración de la Coordinación Alemana por los derechos humanos en México ante el inicio del proceso Heckler & Koch: 15. Mayo 2018 en Stuttgart
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Stuttgart, 11 de mayo 2018
Proceso Heckler & Koch – cómo los fusiles automáticos alemanes G36 coadyudan a graves violaciones de derechos humanos en México
Guerrero, un estado federado del sur de México, es uno de los focos de violencia en México. En la “guerra contra el crimen organizado” declarada por el presidente Calderón en el 2006 este estado, igual que otros muchos, fue fuertemente militarizado. Esto agudizó la ya entonces crítica situación de derechos humanos.
En la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron secuestrados por la policía local, seis personas murieron durante los enfrentamientos y otras 40 fueron heridas de gravedad. Ha sido probado que durante los incidentes las fuerzas armadas utilizaron fusiles automáticos G36 de producción alemana. Sin embargo, y según indica el permiso de exportación otorgado a Heckler & Koch, estas armas no deberían haber llegado a este estado mexicano. Ya en 2011, dos estudiantes en Guerrero murieron a consecuencia de disparos de la policía durante una manifestación. Es muy probable que los policías estaban armados con fusiles automáticos tipo G36.
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que hasta el día de hoy sigue sin aclararse, dio lugar a masivas protestas de la población ante el comportamiento represivo de las fuerzas de seguridad mexicanas.
#43x43 | #Ayotzinapa
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- Escrito por Sandra Schleimer
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#43x43 | #Ayotzinapa
Acción global con motivo de la desaparición forzada de los 43 estudiantes hace 43 meses
A 43 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero/México el crimen a los normalistas todavía no ha sido aclarado. El destino y el paradero de los 43 estudiantes siguen siendo desconocidos. Hasta la fecha, ninguno de los culpables ha sido condenado. El gobierno mexicano sostiene a la fecha su versión de los hechos, también conocida como “verdad histórica”, a pesar de que muy probablemente fue construida a base de declaraciones obtenidas bajo tortura.
En vista de las próximas elecciones presidenciales a realizarse el primero de julio de 2018 los familiares de los estudiantes temen que se le de cierre al caso Ayotzinapa sin que éste haya sido aclarado en toda su extensión y sin que se descubra la verdad sobre el paradero de los estudiantes.
En solidaridad con los familiares de los estudiantes y con las víctimas de desaparición forzada en México se llevarán a cabo el día de hoy manifestaciones y acciones en todo el mundo. También organizaciones miembros de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México participan en la acción global, entre ellas la Iniciativa México-Colonia/Bonn (en cooperación con ¡Alerta! Düsseldorf) así como Pacta Servanda e.V. y la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia en Múnich.
Juntos exigimos
- que el caso Ayotzinapa sea de nuevo investigado por una procuraduría independiente hasta que sea aclarado en su totalidad y hasta que los verdaderos culpables sean juzgados y las víctimas debidamente indemnizadas,
- que las acusaciones sobre el uso de la tortura sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva y conforme a los estándares internacionales y que los responsables de la tortura y maltrato sean juzgados,
- que el gobierno mexicano se retracte públicamente de la insostenible “verdad histórica”.
Información de trasfondo:
En la noche del 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se encontraban a bordo de autobuses cuando fueron detenidos y atacados a tiros por la policía local en Iguala, una ciudad en el estado de Guerrero. En los ataques murieron 6 personas, 40 fueron heridas de gravedad y 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada.
Pocos meses después ...
Comunicado conjunto del Observatorio Internacional
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- Escrito por Sandra Schleimer
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El caso Alvarado es el primero en que la Corte Interamericana se pronunciará
sobre la Ley de Seguridad Interior de México
San José, Ciudad de México, Washington D.C., Ginebra, Stuttgart, 25 de abril del 2018
El próximo jueves 26 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá la historia de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, quienes desaparecieron en 2009. Después de un proceso internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que fueron víctimas de desaparición forzada a manos de militares. Esto, en el contexto de la conocida “guerra contra las drogas”, que inició en 2006 y aún permanece vigente como estrategia —infructuosa— de control y combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada.
De acuerdo con el registro oficial de gobierno de México al día de hoy existen al menos 35 mil 400 personas desaparecidas en el país. Muchos de estos casos son potenciales desapariciones forzadas. Pese a que el fenómeno empezó a escalar hace más de una década, el Estado mexicano ha fracasado en investigar las razones de estas desapariciones y en dar con el paradero de las víctimas. La impunidad reinante exige la búsqueda de las personas desaparecidas hasta encontrarles y que se haga justicia.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), una de las organizaciones mexicanas que representan el caso ante la Corte IDH, ha ampliado sus argumentos para cuestionar la Ley de Seguridad Interior (LSI). Ello quiere decir que el caso Alvarado será el primero en que la Corte Interamericana tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre la LSI; ley que allana el camino para que la militarización de la seguridad pública deje se ser una medida extraordinaria y se convierta en un arreglo institucional permanente. Ello —como ha sido reiterado una y otra vez—no sólo contraviene las recomendaciones de personas expertas, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, sino que se ha probado como una solución ineficaz para el creciente fenómeno de violencia e inseguridad que atraviesa el país.
Como Observatorio Internacional, hemos advertido en ocasiones anteriores que esta nueva normativa perpetuará la crisis y abonará a que persista la impunidad en los casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas la cual, como señala un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos es casi absoluta (Ver informe acá).
De acuerdo a las declaraciones del colectivo #SeguridadSinGuerra esta normativa adolece de la “adecuada tutela a los derechos a la vida y la integridad personales” y presenta “riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta” (ver comunicado acá).
Autoridades en el tema, como la CIDH, “ha resaltado que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”.
Durante este periodo de sesiones, que se realizarán en Costa Rica, la Corte Interamericana tendrá la oportunidad histórica de escuchar de primera mano las consecuencias de esta política estatal violenta, y, sobre todo, ineficaz. Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento vemos en esta audiencia la posibilidad certera de que México responda, adecúe su normativa y construya un modelo de seguridad democrático que respete los derechos humanos de todos y todas.
Suscriben este pronunciamiento
Amnistía Internacional
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México
Latin America Working Group (LAWG)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Open Society Justice Initiative (OSJI)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Robert F. Kennedy Human Rights
Sobre el observatorio:
El Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México fue establecido en diciembre de 2017 por 10 grupos internacionales de derechos humanos y justicia para monitorear la situación de los derechos humanos en el país y apoyar a las organizaciones nacionales de la sociedad civil frente a las crecientes amenazas.
Los miembros fundadores del Observatorio incluyen a Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin America Working Group (LAWG), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), la Organización Mundial contra la Tortura (OMTC), Peace Brigades International (PBI) y Robert F. Kennedy Human Rights.
Comunicado de prensa con motivo de la actual visita del presidente de México Enrique Peña Nieto
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- Escrito por Sandra Schleimer
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Stuttgart/ Berlin, 20 de Abril 2018
Visita del Estado mexicano
Inseguridad jurídica e impunidad en un Estado miembro del G20
Con motivo de la actual visita del presidente de México Enrique Peña Nieto a la Feria Industrial de Hannover en Alemania, la Coordinación Alemana por los derechos humanos en México resalta la catastrófica situación de los derechos humanos en el país.
México se caracteriza por el aumento de la inseguridad jurídica e impunidad. Carola Hausotter, coordinadora de la red, constata que en el país socio „la violencia estructural se expresa en la colaboración letal de las fuerzas policiales estatales, el ejército y el crimen organizado”. Esto fue ilustrado claramente en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 y cuyo caso aún no ha sido resuelto. “El gobierno del presidente Peña Nieto es corresponsable de esto. A través de la sistemática obstaculización de las labores de investigación en el caso Ayotzinapa se ha creado cada vez más la impresión de que el Estado mexicano no es un socio honesto y confiable en la lucha por los derechos humanos“, observa Hausotter.
„También las empresas alemanas necesitan seguridad jurídica en los países socios. Además, el gobierno alemán se ha comprometido a nivel internacional al respeto de los derechos humanos y a la protección de las personas defensoras de derechos humanos. La Feria de Hannover, que será inaugurada el 22 de Abril por el presidente Peña Nieto y la canciller Merkel, debe ser una oportunidad para que el gobierno alemán cuestione críticamente cómo pretende el presidente Peña Nieto luchar contra la impunidad y mejorar el respeto a los derechos humanos en su país”, indica Carola Hausotter. „Se necesita un planteamiento decisivo y consecuente, centrado en atender la situación que vive la población mexicana. Alemania y la Unión Europea deben aprovechar esta oportunidad para exigir reformas del estado de derecho en el país con resultados mensurables“, señala Carola Hausotter.
La Coordinación Alemana también solicita al gobierno alemán que refuerce su experiencia en investigaciones penales y forenses y la cooperación con familiars, en el marco de su proyecto sobre el Estado de Derecho en México. „Esto también incluye la construcción de un poder judicial independiente que en México de facto no existe. Hasta ahora funciona más bien siguiendo las indicaciones de los líderes políticos y no de acuerdo al principio democrático de la separación de poderes“, observa Hausotter. Para ello debe buscarse aunar esfuerzos con la sociedad civil mexicana, que ya ha elaborado conceptos para la creación de una fiscalía independiente.
pdf Download Comunicado de Prensa (290 KB)
Para conversaciones sobre el trasfondo de esta temática está a su disposición:
Carola Hausotter, coordinadora de la red „Coordinación Alemana por los Derechos humanos en México“
Tel: +49 (0)711 57 64 68 79 / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Nueva ficha temática sobre Desaparición Forzada en México
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- Escrito por Sandra Schleimer
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